La situación del sistema universitario público en Río Cuarto atraviesa su momento más crítico desde el retorno de la democracia. Representantes gremiales de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) acudieron al Concejo Deliberante para visibilizar la realidad que enfrentan tanto los trabajadores como los estudiantes. En un encuentro con la Comisión de Gobierno, Relaciones Comunitarias, Prevención y Convivencia Ciudadana, los referentes advirtieron que la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario (N° 27.757) por parte del Gobierno Nacional está empujando a la institución hacia un "punto de quiebre".

Durante la reunión, los dirigentes explicaron que, a pesar de existir una ley de financiamiento sancionada y vigente, el Poder Ejecutivo Nacional no la está cumpliendo. Esta situación se ve agravada por un fallo de segunda instancia de la Cámara Contencioso Administrativa Federal que exige el cumplimiento de dicha normativa.

Daniel Garis, secretario general del gremio no docente ATURC, fue contundente respecto al impacto económico en el sector: "Hemos perdido un 53% en nuestro salario. En el financiamiento universitario los porcentajes son menores. También es crítica la situación de los alumnos y las becas". Garis enfatizó que la solución radica estrictamente en la aplicación de la ley aprobada y advirtió sobre la gravedad institucional: "Este gobierno está yendo por fuera de la democracia no cumpliendo con la ley. Estamos ante una persona que se está convirtiendo en un tirano que hace lo que quiere".

El sector docente también presentó cifras que reflejan la precarización laboral en el campus. Ernesto Cerdá, secretario general de la Asociación Gremial Docente (AGD), detalló que "el 70% de la planta docente de la UNRC cobra alrededor de 780 mil pesos". Según el dirigente, esto obliga a muchos profesionales a buscar múltiples empleos para subsistir.

"Desde que asumió Milei venimos sosteniendo la lucha. Ya estamos en un punto de no retorno", afirmó Cerdá, quien estuvo acompañado por el secretario adjunto Alejandro Larriestra. Según los datos aportados por los gremios, los salarios docentes sufrieron una caída del 34% en términos reales durante la actual gestión, mientras que el presupuesto universitario general se redujo un 28,9% entre 2023 y 2025.

Ante este panorama, el Concejo Deliberante avanzó en el tratamiento de un Proyecto de Declaración que manifiesta una profunda preocupación y rechazo frente al incumplimiento de la normativa nacional. La iniciativa busca que el cuerpo legislativo local brinde el acompañamiento necesario a la comunidad universitaria.

Ana Laura Medina, presidenta del Concejo Deliberante e impulsora del proyecto, destacó la necesidad de involucrar a toda la sociedad riocuartense: "Hoy la universidad está en la peor situación desde la vuelta de la democracia. Se pierde investigación, vida universitaria y capital humano". La edil instó a que el sector privado y las empresas que se nutren de los egresados de la educación pública se sumen al debate. "Es fundamental que la comunidad se apropie de la universidad y comprenda lo que está en juego", concluyó Medina.

El proyecto legislativo advierte que la desfinanciación no es solo un problema presupuestario técnico, sino que pone en riesgo el acceso a la educación pública y la producción de conocimiento, pilares que los gremialistas consideran fundamentales para el desarrollo de la región.