El presidente del Colegio de Abogados de Río Cuarto, Esteban Marrero, explicó que la normativa ya se encuentra en vigencia y advirtió que algunos artículos podrían ser cuestionados judicialmente por posibles inconstitucionalidades.
El presidente del Colegio de Abogados de Río Cuarto, Esteban Marrero, analizó la entrada en vigencia de la ley de modernización laboral y sostuvo que desde hoy comienzan a aplicarse los cambios que introduce la normativa en las relaciones de trabajo.
En el Panorama Informativo de LV16, el abogado explicó que la ley amplía facultades para los empleadores en aspectos como la organización de la jornada laboral, el fraccionamiento de las vacaciones y el control de las tareas.
“Esto significa que a partir de hoy ya comienza a ser operativo y exigible todo lo que plantea la ley”, indicó Marrero.
Uno de los cambios más relevantes es la implementación del llamado banco de horas, que permite reorganizar la jornada laboral. Según explicó, esta modalidad podría habilitar jornadas de hasta 12 horas diarias para luego compensar con descansos en otros momentos, aunque aclaró que debe existir acuerdo con el trabajador.
“De ninguna manera debiera ser una facultad exclusiva de la patronal imponerlo, sino que tiene que haber acuerdo del trabajador”, señaló.
No obstante, advirtió que existe preocupación entre algunos especialistas por la aplicación práctica de estas medidas. Según indicó, podría generarse presión sobre los empleados para aceptar nuevas condiciones laborales por temor a perder el empleo.
“El trabajador puede verse obligado a aceptar condiciones que antes no tenía que aceptar ante el temor de que lo despidan”, sostuvo.
El abogado también cuestionó otros puntos de la reforma, como la posibilidad de pagar sentencias laborales en hasta 12 cuotas y la eliminación de multas por falta de registración de trabajadores.
En ese sentido, desde el Colegio de Abogados consideran que algunos artículos podrían ser inconstitucionales. “Una ley nacional no puede indicarle a un juez provincial cómo tiene que mandar a pagar una sentencia”, afirmó.
Marrero anticipó que es probable que la nueva normativa genere litigiosidad en los tribunales laborales. “Cuando hay normas que se aprueban sin consenso y que pueden violar derechos constitucionales, es normal que se planteen pedidos de inconstitucionalidad”, concluyó.