El accidente ocurrido en la calle San Martín, que terminó con la vida de Marín Alanís, sumó este lunes un nuevo capítulo de tensión judicial. El abogado querellante, Zacarías Ramírez Rigo, confirmó que presentará una oposición a la libertad de la única imputada, de apellido Zabala, y que solicitará la recusación del fiscal de Segundo Turno, Javier Di Santo.

La decisión de la familia se fundamenta en lo que consideran una falta de imparcialidad. Según detalló el letrado, existe un vínculo directo entre la defensa y la fiscalía: "El abogado defensor, Valdivieso, tiene a su hija trabajando en la fiscalía de segundo turno. La doctora Valdivieso trabaja para el doctor Di Santo, que es quien está investigando", explicó el querellante, añadiendo que esta situación genera "dudas de que pueda haber o no algún principio de parcialidad".

Aunque la causa está caratulada como Homicidio Culposo Agravado, la querella sostiene que “se trató de un asesinato con dolo eventual”. Ramírez Rigo precisó que la imputada reunía casi todos los agravantes previstos por la ley:

• Alcoholemia positiva: conducía por encima de los niveles permitidos.
• Velocidad: testigos indican que el vehículo circulaba entre 80 y 90 km/h en una zona de precaución.
• Semáforo intermitente: el abogado remarcó que la luz amarilla obliga a disminuir la velocidad, algo que no habría ocurrido.

Respecto a la hipótesis de una carrera clandestina, el abogado señaló que se investiga la participación de una camioneta Amarok que habría estado circulando junto al auto de Zabala. "Está verificado que los dos vehículos se conocían", afirmó. Además, confirmó un dato sensible: la titularidad de dicha camioneta pertenece a un secretario de la Fiscalía de Tercer Turno que estaba en funciones el día del hecho.

Uno de los puntos más críticos del relato de la querella es el comportamiento de la conductora tras el impacto. "Zabala dejó el vehículo a 300 metros del lugar del hecho. El vehículo de la persona fallecida quedó incrustado abajo con las luces prendidas. Hizo un zig-zag para ocultar objetos que tienen que ver con la investigación", denunció el abogado.

Tras la liberación de la imputada el pasado viernes, la familia Alanís busca que la justicia actúe con firmeza. "Lo que yo pretendo es que la familia pueda sentir que realmente se está investigando, y que si hay que investigar a algún hijo de un funcionario, no le tiemble el pulso al Ministerio Público Fiscal", sentenció el letrado.