La investigación federal sobre la red de trata de personas en Salta ha tomado una dimensión alarmante. Lo que comenzó con la denuncia de una madre tras descubrir un celular de alta gama en manos de su hija, se ha transformado en una causa con 33 adolescentes identificadas y un entramado de perversidad que operaba dentro de colegios.

La abogada querellante, Sandra Domene, dijo a DE UNA que desde septiembre de 2025 se imputaron a nueve personas, que rondaban los sesenta años, y formarían parte de una red de trata. A cinco de ellos se los indica como participes de asociación ilícita, por lo que “son los primeros en formar parte y mantener en el tiempo la organización”. Estos últimos son los que mas injerencia tuvieron en la captación de las víctimas, en su mayoría alumnas del secundario desde 12 años. El fundador de la red sería un remisero –identificado luego como Víctor Chorolque–, que coordinaba los "servicios", como el traslado y la comercialización.

A uno de los acusados se lo relaciona con seis hechos de abuso sexual con acceso carnal. A otro, se lo referencia con el suministro gratuito de estupefacientes, la distribución de material sexual y la promoción de la prostitución.

Con las pericias que se realizaron a los celulares de los imputados y las victimas en enero se corroboró la existencia del contenido pornográfico. También se verificó la presencia de mensajes, desde 2024, donde con insistencia “les pedían a las víctimas, nuevas personas se sumen a la explotación, a cambio de dinero”, explicó.

"Una de las víctimas le solicita a uno de los imputados dinero para presentar un trabajo escolar. Él le asegura que se lo va a prestar y, posteriormente, le indica cómo se lo debe devolver a través de trabajo sexual".

Este testimonio de la letrada subraya que la red no solo buscaba fines recreativos para los acusados (quienes pedían menores para "despedidas de soltero" o "después de jugar al fútbol") sino que establecían una relación de poder basada en la carencia económica de las estudiantes.

La abogada apuntó contra la defensa que explica “que no se sabía que eran jóvenes menores”. Domene dijo que se sabía, ya que ocultaban a las víctimas en el ingreso de los moteles “tapadas con campera”. Todo sucedía en la finalización del horario escolar.

Además, explicó la responsabilidad de los que permitían el ingreso de las menores a los alojamientos transitorios, como así también de los que brindaban las sustancias ilegales a los imputados. La fiscalía, apoyada por la querella de Domene, describió que los imputados desechaban a las adolescentes cuando cumplían los 18 años para buscar captar a niñas más jóvenes. 

“Les pagaban por consumir cocteles con droga” al punto de que las victimas perdían el conocimiento. “Todos necesitamos un acompañamiento psicológico porque nunca hemos visto tanto nivel de perversión”, dijo la abogada. “No se pueden imaginar las palabras de las víctimas y como se quiebran al hablar”, sentenció.

DE UNA