En un escenario agropecuario marcado por la incertidumbre climática, la diferencia entre la sostenibilidad y el deterioro de un activo rural radica en la capacidad de previsión. Frente a este contexto, es perfectamente posible crear un campo de producción planificado y sostenido, señalando que en años atípicos de grandes sequías es donde realmente se ven los resultados de no trabajar sobre la marcha.

Sobre este tema, Valor Agregado Agro dialogó con las abogadas del Estudio Iuris, de Río Cuarto, Eugenia Peiretti y Camila Gómez Rodríguez.

Según explican las especialistas, un campo que cambia y rota su producción año a año sin un norte claro corre riesgos que exceden lo económico, afectando directamente la salud del suelo. Para evitar este agotamiento del recurso, desde el estudio jurídico recomiendan la implementación de contratos agrarios a largo plazo que incluyan cláusulas específicas de rotación de suelos y buenas prácticas agropecuarias.

Peiretti enfatiza que estas herramientas permiten que el dueño del campo tenga asegurado que su inmueble va a ser explotado sin ser dañado, evitando que la tierra quede pobre en nutrientes o que se generen perjuicios a los establecimientos linderos.

Esta visión busca reforzar la idea del estudio jurídico como un aliado en la producción, actuando desde una etapa preventiva para acompañar a la empresa familiar y establecer directivas que se traduzcan en resultados favorables a mediano y largo plazo.

Por su parte, Gómez Rodríguez profundiza en la naturaleza legal de estos acuerdos, reconociendo que, si bien estas pautas de rotación no siempre están impuestas por una ley general de manera automática, el acuerdo de partes tiene una fuerza jurídica determinante.

La abogada recuerda que, aunque antiguamente muchos contratos se celebraban de manera verbal con un simple apretón de manos, la especificidad actual de la actividad y la llegada de nuevos agentes exigen que cada contrato sea cada vez más específico. Según explica, la intención es armar instrumentos completos que prevean la mayor cantidad de riesgos posibles para proteger al suelo, al que define como un bien escaso.

La clave de este enfoque radica en que los contratos son ley para las partes y todo lo que se establezca en ellos debe cumplirse rigurosamente. Gómez Rodríguez subraya que, si se pacta un esquema de cinco o seis años con rotación de cultivos, cualquier incumplimiento otorga a las partes el derecho a rescindir y reclamar los daños sufridos.

De esta manera, el acompañamiento jurídico preventivo no solo potencia la rentabilidad, sino que establece pautas claras desde el inicio para desarrollar una relación productiva sin inconvenientes, utilizando el derecho legal como una red de seguridad que garantiza la continuidad y el cuidado del patrimonio rural.