El eje de seguridad ocupó un lugar central en los anuncios oficiales, con foco en el combate al narcomenudeo y reformas legislativas. Martín Llaryora adelantó el envío a la Legislatura de la denominada “Ley Antibúnker” o "Antiaguantaderos" y confirmó la expansión territorial de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA).

Leyes contra el narcotráfico y delitos graves La “Ley Antibúnker” tiene como objetivo legal permitir el desalojo rápido de delincuentes que ocupan inmuebles privados para la venta de estupefacientes, restituyendo la propiedad a sus dueños o reconvirtiéndola para uso comunitario.

A su vez, se anunció la apertura de cinco nuevas sedes de la FPA en el interior provincial y la incorporación de 500 nuevos vehículos para las fuerzas de seguridad. En paralelo, se impulsará un régimen de alto riesgo penitenciario para presos de perfil criminal elevado, a la espera de la finalización de la cárcel de máxima seguridad (CEMAX).

Estadísticas delictivas

El Gobernador citó cifras oficiales según las cuales Córdoba registró en 2025 una tasa de 2,2 homicidios cada 100 mil habitantes, la cifra más baja desde que existen registros provinciales. “Los resultados aún son insuficientes”, reconoció, aunque defendió la aplicación del Plan de Seguridad vigente.

Protección a víctimas y crítica política

En el plano judicial, se presentó el proyecto de “Ley Joaquín” —en homenaje a Joaquín Sperani—, que busca establecer un marco de protección integral y asistencia estatal para las víctimas del delito.

El discurso incluyó críticas directas a los bloques opositores por no acompañar leyes de seguridad previas y la compra de tecnología. “Obstruir la compra de tecnología no es obstaculizar la gestión de este gobierno, es negarle a la gente que sufre a diario este flagelo la posibilidad de que esos delincuentes terminen entre rejas”, sostuvo Llaryora.