La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) manifestó su apoyo general a la necesidad de una modernización de las leyes de trabajo, pero encendió las alarmas sobre puntos específicos del proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno Nacional. Salvador Femenía, vocero de la entidad, advirtió que ciertos apartados de la iniciativa podrían provocar desfinanciamiento institucional, inseguridad jurídica e inequidad entre las partes.

En diálogo con la prensa, Femenía aclaró que, si bien desde hace años proponen actualizar la legislación y los convenios, mantienen "objeciones puntuales" sobre cinco artículos del proyecto (126, 128, 130, 131 y 132). Según el dirigente, estos puntos, lejos de solucionar problemas, "van a generar conflictividad, judicialización y, sobre todo, establecer inequidades en los participantes de los convenios".

El conflicto de la ultraactividad y la autonomía

Uno de los ejes centrales del reclamo es el artículo 126, referido a la ultraactividad de los convenios. Femenía explicó que la redacción actual del proyecto mantendría vigentes solo las cláusulas normativas de los convenios vencidos, dejando sin efecto las cláusulas obligacionales pactadas históricamente entre la parte sindical y la empresarial.

"Esto nos parece un punto muy conflictivo. Va a generar un desequilibrio entre las partes y debilitará la autonomía de la negociación colectiva, permitiendo que el Gobierno intervenga en acuerdos privados", sostuvo el vocero. Además, remarcó que esta modificación genera inseguridad jurídica y entra en conflicto con el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

Desfinanciamiento y asimetría con los sindicatos

La crítica más contundente de la entidad apunta al artículo 128, que modifica la Ley 14.250 de Asociaciones Gremiales. Este apartado establece que los aportes a las entidades empresarias pasarán a ser voluntarios, eliminando su obligatoriedad. Sin embargo, el proyecto mantiene el carácter obligatorio de los aportes destinados al sector sindical.

"Produce una situación de desequilibrio en el poder de negociación", afirmó Femenía. En este sentido, el representante de CAME apuntó directamente contra el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger: "Es un tema que ha llevado a cabo fuertemente el ministro. Creemos que es una lucha de él contra nosotros; con una actitud así, termina con la representación del sector PyME".

Impacto en la capacitación y el empleo

Desde CAME, cuya postura es acompañada por la Cámara Argentina de Comercio (CAC), ADIMRA y la UIA, subrayaron que estas modificaciones afectan a 26 convenios que incluyen articulados sobre capacitación. Femenía destacó el rol social de estos cursos, que han permitido a emprendedores y trabajadores del sector privado adquirir saberes para insertarse en el mercado laboral.

Finalmente, el vocero recordó la importancia estratégica del sector que representan: "El sector PyME conforma el 99% de las empresas del país y es el que más puestos de trabajo genera". Ante este escenario, la entidad ya ha mantenido reuniones con senadores y gobernadores, presentando una nota formal en la Cámara Alta con la esperanza de que se revisen estos artículos antes de la aprobación definitiva de la ley.