El abogado y miembro del ProDHCre, Javo Ferreyra, explicó las claves del conflicto que sacude a Bolivia luego de que el gobierno de Rodrigo Paz intentara imponer el Decreto Supremo 5503. La medida, calificada como un "paquetazo" de ajuste, fue derogada tras una histórica movilización popular, aunque la administración mantiene la quita de subsidios a los hidrocarburos.

Un ajuste estructural frenado en las calles Según Ferreyra, el decreto utilizaba la crisis de combustible como excusa para implementar más de 100 artículos que reformaban el régimen laboral y tributario en perjuicio de los trabajadores. La respuesta social fue inmediata: marchas multitudinarias desde El Alto y más de 70 bloqueos de rutas paralizaron el país, forzando al Ejecutivo a negociar con la Central Obrera Boliviana y anular la norma.

Gobierno débil y mirada al exterior

A pesar de este triunfo parcial de los sindicatos, el analista advirtió que el conflicto sigue abierto. El Gobierno emitió un nuevo decreto que sostiene el aumento de las naftas y busca financiamiento externo para sobrevivir.

Ferreyra describió a la gestión de Paz como "débil" y de "legitimidad prestada", señalando que intenta reorientar al país hacia los intereses de Estados Unidos y organismos como el CIADI y el BID, que anunció un crédito millonario, para sostener un plan económico que enfrenta una fuerte resistencia social.

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