Es cierto que las principales decisiones en materia educativa tienen a los gobiernos provinciales como principales gestores, y la decisión que se dio a conocer este martes apunta a la cuestión de la reforma constitucional de 1994.

Por eso, desde hoy se dejan de lado normas para colegios privados que databan de principios de aquella singular década en la historia argentina.

Tal es el caso del Decreto 2417/93, derogado ahora por el gobierno nacional.

La cuestión apunta a una desregulación de aranceles que se ve necesaria desde el gobierno nacional.

Lo que se deja de lado es la obligación de estos institutos, que están por fuera de la educación pública, de notificar a las familias con anticipación los valores de las cuotas y matrículas, y la autorización de las autoridades a nivel central.

Será una cuestión, en definitiva, de mercado.

Posiblemente, en la provincia de Córdoba no se generen grandes cambios, aunque diversas reuniones de asociaciones de institutos previstas para hoy generarán un panorama más claro.

En la Ciudad de Buenos Aires y la provincia, posiblemente, su efecto sea mayor.

Los argumentos

El Decreto en cuestión, que firman desde el presidente Milei hasta el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni y los ministros de Capital Humano, Sandra Pettovello, y de Economía, Luis Caputo, sostiene que “la estructura de costos y consecuentemente de aranceles de la educación ha variado”.

Remarcan, a su vez, que “la intervención del Estado ha generado efectos contraproducentes que afectan su funcionamiento y viabilidad económica y que limita su capacidad de adaptación a las fluctuaciones del mercado”, y que tal cuestión “crea una situación de incertidumbre económica para los institutos, que suelen fijar cuotas más elevadas de lo necesario por temor a enfrentar costos que no puedan ser cubiertos sin aprobación estatal”.

En la visión ‘libertaria’, el estado actual de las cosas “perjudica a las familias”.

En el juicio de los funcionarios actuales, “las escuelas privadas deberían tener la libertad de fijar sus condiciones de contratación y los salarios de sus empleados”, ya que las trabas actuales generan “limitaciones y requerimientos que dificultan la adaptación de los institutos de enseñanza pública de gestión privada a las realidades educativas y económicas del país”.

CBA 24