El diputado nacional Oscar Agost Carreño, de Encuentro Federal Córdoba, presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal para que se investigue si existieron delitos en torno a la reciente medida del Gobierno nacional que redujo a cero las retenciones a las exportaciones de productos agropecuarios y carnes.

Según explicó el legislador, la disposición habría beneficiado únicamente a un pequeño grupo de cerealeras del puerto —algunas con participación de capital extranjero—, mientras que los productores de todo el país no habrían recibido ningún impacto positivo.

“Se han beneficiado seis empresas, lo que podría implicar una pérdida fiscal de alrededor de 1.500 millones de dólares, además de un perjuicio directo a los productores del campo”, señaló Agost Carreño.

El diputado advirtió que podría haber existido intercambio de información privilegiada entre funcionarios y estas compañías, lo que, de comprobarse, configuraría un ilícito penal.

También pidió determinar las responsabilidades de los funcionarios intervinientes, al señalar que las cerealeras no habrían tenido en su poder los granos declarados, situación que —según su denuncia— implicaría una violación de las normas vigentes.

Agost Carreño también destacó la incoherencia del Ejecutivo, que el mismo día de dictar el decreto de baja de retenciones anunció que no cumpliría con la ley de emergencia en discapacidad, mostrando —según sus palabras— “una doble vara en la asignación de prioridades públicas”.

“Los gringos del campo cordobés, que se levantan a la madrugada, invierten y trabajan todo el año para sembrar y cosechar, vendieron su soja sin obtener la rentabilidad que lograron las grandes cerealeras, que ni siquiera tenían todos los granos que declaraban”, afirmó el legislador.

La denuncia abre ahora una instancia judicial para determinar si hubo irregularidades en la aplicación de la medida, un perjuicio económico para el Estado y trato desigual hacia los productores agropecuarios.

Audio gentileza: Martín Peppa.