El fiscal Pablo Jávega, habló en LV16 sobre el caso de la mujer que mató a su hijo de 14 años y es imputable pese al abordaje terapéutico de salud mental.

Según Jávega, a pesar de que la mujer presenta "algunas patologías de base", estas "no tienen la entidad ni la intensidad suficiente" para anular su responsabilidad penal. “El artículo 34 del Código Penal estableció dos parámetros: el estado de inconsciencia y la incapacidad de comprender lo que se le atribuye o dirigir sus acciones. En este caso, no se presentan esos extremos", afirmó el fiscal.

Al ser consultado sobre el entorno de la mujer, Jávega aclaró que la investigación se encuentra bajo reserva legal, pero destacó que se han encontrado evidencias de que la imputada había recibido tratamiento médico por sus patologías, específicamente en el área de salud mental. "Los peritos han identificado que ella fue tratada con medicamentos prescritos, pero no hay indicios de abuso de sustancias prohibidas", señaló el fiscal. A pesar de los antecedentes de salud, Jávega subrayó que "la imputabilidad no está excluida por estos factores".

Sobre la relación familiar y el contexto social de la imputada, el fiscal mencionó que los informes preliminares apuntan a que la mujer no habría estado involucrada en situaciones de violencia familiar. "La relación con su hijo transita por carriles normales, según los relevamientos realizados. Sin embargo, aún se están investigando los detalles de cómo se desarrolló el hecho", añadió.

En cuanto a la fecha en que el caso podría llegar a juicio, Jávega explicó que no existe un plazo fijo más allá de lo que estipula la ley para las investigaciones preparatorias. “El proceso está siendo tratado con la mayor celeridad posible. El caso tiene un trámite prioritario y tanto la fiscalía como la defensa y, si fuera el caso, los querellantes están involucrados activamente en el proceso", comentó.

El fiscal también detalló el papel de los peritos de control en la investigación, un aspecto fundamental para garantizar la transparencia del proceso. "El perito de control es un profesional independiente que observa la labor de los peritos oficiales. Si no está de acuerdo con las conclusiones, puede emitir un dictamen en disidencia", explicó Jávega. Sin embargo, según su testimonio, en este caso no se ha solicitado la intervención de un perito de control, aunque las partes tienen la opción de hacerlo en cualquier momento.
 
Al abordar la posibilidad de que la defensa objete pruebas, el fiscal expresó que, en principio, no hay motivo para cuestionar el valor probatorio de las pruebas ya reunidas. "Lo que puede hacer la defensa es analizar qué peso tiene cada prueba dentro del contexto del caso. En términos generales, las pruebas son evaluadas cuantitativa y cualitativamente", indicó el fiscal.

En otro tema, el fiscal reflexionó sobre el aumento de los casos judiciales en la región. Según sus observaciones, se ha notado un incremento en la cantidad de conflictos legales, un fenómeno que puede explicarse por diversas razones. "Puede ser que antes las víctimas no estaban tan empoderadas para hacer denuncias, pero ahora sí. Además, factores socioeconómicos y sanitarios podrían estar influyendo en este crecimiento", comentó. Jávega reconoció que la sociedad está cada vez más dispuesta a enfrentar este tipo de situaciones, lo cual ha llevado a un aumento en la carga de trabajo del sistema judicial.

Para concluir, Jávega subrayó la importancia de un sistema judicial eficiente en estos tiempos de creciente complejidad social.

"Es fundamental que los órganos judiciales actúen con rapidez y transparencia, respetando siempre los derechos de las partes involucradas, pero también entendiendo el contexto de cada caso", afirmó.

Informe16