En una jornada clave del juicio por el caso Solange Musse, el fiscal Julio Rivero pidió al tribunal que “reconozca a Solange Musse, Pablo Musse, Pérez Oviedo y Lorena Oviedo víctimas de violencia institucional”, en referencia a los hechos ocurridos durante las restricciones sanitarias impuestas por la provincia de Córdoba en la pandemia.
 
Rivero señaló directamente a Eduardo Javier Andrada y a Isabel Morales como “coautores de abuso de autoridad”, solicitando una pena de un año y seis meses de prisión condicional. Según explicó, el protocolo vigente establecía que “si le daban negativo, debían enviarlo a Río Cuarto, cosa que no sucedió”.
También se cuestionó el trato recibido por Paola Oviedo, acompañante de Solange y persona con discapacidad, a quien “ni siquiera dejaban ir al baño”.
 
Pablo Musse, padre de Solange, expresó su dolor tras escuchar el alegato: “Para mí es poco, pero sabíamos que era eso, dos años, no más que eso. ¿Alcanza para remediar? No, para nada. Así sean diez años, cárcel o perpetua, ningún familiar queda aliviado”.
 
También se refirió a la memoria de su hija: “Quiero que se la recuerde como lo que fue: una guerrera, una luchadora. Por algo la carta de Soledad está en la Presidencia del Congreso de la Nación. La justicia la mantiene viva”.
 
Por su parte, el abogado defensor de Andrada, Miguel Ollo Geuna, rechazó los cargos: “El fiscal eligió algunas pruebas deliberadamente. El doctor Andrada actuó de buena fe y no es responsable de lo que le pasó a Musse, porque no era su responsabilidad final”.
 
Con los alegatos concluidos, el tribunal aguarda el veredicto del jurado popular en un caso que reabre el debate sobre el accionar estatal durante la emergencia sanitaria.