Las profesionales dieron cuenta de los grandes perjuicios que sufren por el pago ínfimo y el retraso burocrático.

Aclararon que el Estado no abona los pagos con actualizaciones y gran parte de las erogaciones surgen desde los aportes de los trabajadores.

Sostuvieron que los aranceles los fija el Gobierno y no hay actualización desde diciembre del 2024.

" Se nos hace dificil trabajar con un retraso del 70 por ciento en los pagos y actualizaciones ", reconocieron.

" Las consecuencias serán muy graves si el Gobierno veta la Ley de Financiamiento a la discapacidad con centros que dejarán sin trabajo a profesionales y luego cerrarán ", insistieron.