La situación judicial del sujeto tuvo inicio en la República Italiana, cuando aquellas autoridades lo imputaron por integrar las denominadas “Brigadas Rojas”; banda con frondosos prontuarios ligados directamente al terrorismo y que operó durante las décadas de 1970 y 1980.

Dicha estructura de extrema izquierda, es recordada por secuestrar y posteriormente asesinar en la ciudad de Roma, al entonces ex primer ministro italiano Aldo Moro, hecho ocurrido en mayo de 1978.

Al ser imputado por la justicia de su país, el sujeto en cuestión logró fugarse de Italia, donde por ese motivo se lo condenó en rebeldía. Ingresó a la República Argentina en 2002, siendo descubierto y, en consecuencia, detenido en Buenos Aires en el año 2003.

Tras permanecer arrestado por el término de ocho meses, el mismo resultó liberado ya que la ley argentina no preveía la extradición en casos de condena en ausencia. Sin embargo, un año después la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE) le concedió asilo en territorio argentino.

Ya en agosto de 2024, la propia CONARE declaró el cese del status de refugiado de dicho individuo y, consecuentemente, el Juzgado Criminal y Correccional N°1 a cargo de la Dra. María Romilda Servini, Secretaría N° 2 del Dr. Armando Alfredo Mangano, ordenó el arresto domiciliario del mismo, el cual oportunamente fue realizado por personal de la PFA.

Transcurrido poco menos de un año, la justicia convocó al Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de esta Institución, con la finalidad de que sus agentes allanen su domicilio, ubicado sobre la calle Defensa al 600 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por ello, los efectivos de la citada dependencia federal, en conjunto con sus pares de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones del Departamento INTERPOL, irrumpieron en la vivienda, identificando al imputado y procediendo a su captura.

Cabe destacar que, en el contexto del procedimiento, participó personal de la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica del Ministerio de Seguridad Nacional, encargándose de quitarle el dispositivo de tobillera electrónica.

El detenido, de nacionalidad italiana y 73 años de edad, quedó a disposición del magistrado interventor a la espera de la continuación de su debido proceso penal y con fines de extradición.