Barcesat afirmó que estamos en "situación de excepcionalidad institucional". 

La causa vialidad nacional empezó en capital federal hace muchos años. Tenía ya sentencia confirmada por sobreseimiento por inexistencia de delito. Con la llegada de Macri al poder, presentaron un informe el cual posteriormente se confirmó que era falso, disponen reabrir la causa pasando por sobre la garantía constitucional y de los tratados internacionales de derechos humanos que inhiben la doble persecución penal, es decir que si ya hubo un expediente que ya analizó y determinó la inexistencia de delito, se debe respetar la sentencia ya dicha. 

A la causa se la asignan nuevamente al abogado Ercolini, quien se había declarado anteriormente incompetente. Ahí se produce la segunda nulidad absoluta e insanable, cuando no se tuvo en cuenta en el fallo, que la persona que habilita las órdenes de pago es el jefe de gabinete de ministros de la reforma constitucional del año 1994, el artículo 100 de la Constitución Nacional. 

La obra pública debe aprobarla el Congreso de la Nación, y después de ello, Vialidad Nacional controla el cumplimiento de la obra, luego presenta después de verificar la obra realizada y monto pretendido, presenta el certificado de pago, examina la jefatura de gabinete de ministros, si es correcto estampa la firma, y ahí recién se libera el pago, trámite todo en el cual no interviene el presidente de la nación.

Los hechos son absolutorios, los relatos son incriminantes, y expresó que no hay pruebas en lo que dice el fiscal Luciani. 

Barcesat comentó que ante el escenario de Cristina presa en su hogar, teme que le traiga problemas al gobierno nacional. 

Afirmó que "todo esto es un enorme derrumbe, no estamos en estado de derecho, estamos bajo excepcionalidad institucional".