En medio de una gira por el sur provincial, el legislador Rodrigo Agrelo dialogó con Radio Río Cuarto sobre el proyecto de ley que propone declarar la emergencia en salud mental en Córdoba. La iniciativa, nacida tras el contacto directo con Madres del Dolor de Río Cuarto, busca reformular el sistema actual, que según Agrelo, es ineficaz e insensible a la realidad de miles de personas.

“Este proyecto nació en Río Cuarto, por motivo de algunas conversaciones que mantuvimos con las integrantes de Madres del Dolor, que son un conjunto de mamás que han sufrido la pérdida de sus hijos, o los ven rodando mal en la vida a causa del consumo de droga”, explicó. El legislador subrayó que el problema radica en la actual legislación: “La ley de salud mental impide la creación de sistemas cerrados que garanticen la contención prolongada de los pacientes”.

Agrelo remarcó que “el 75% de los pacientes de salud mental en Córdoba son pacientes duales, es decir, además de una afección psiquiátrica, consumen drogas”, y alertó que la falta de espacios de internación efectiva deja a las familias sin herramientas: “Las mamás piden, ‘denos un lugar donde internar a nuestros hijos’. Los hospitales los estabilizan unos días y después se van. Nadie los puede atajar”.
 
Consultado por la demora de la política en abordar el tema, fue categórico: “Yo creo que la ideología ha tenido un rol bastante nocivo en esto. Se desatienden los aspectos médicos. Se reacciona a los manicomios, que fueron una cosa tremenda, pero eso llevó al extremo de que no se puede contener a nadie. Y hay casos gravísimos, como el de una persona con esquizofrenia que terminó matando a su mujer y va a salir, porque no hay dónde internarlo”.
 
Agrelo también propuso que parte del financiamiento surja del redireccionamiento de fondos: “Queremos establecer un fondo con un tercio de lo recaudado por multas de tránsito. Serían unos 10 o 11 millones de dólares anuales para garantizar medicación y aliviar el sistema”.

La propuesta abarca también la atención a otras adicciones como la ludopatía.

“El Estado hace poco y nada, es un gran promotor del juego. En vez de darle trabajo a la gente, le dan una apuesta. Necesitamos que el Estado regule y no incentive el juego”, sostuvo.

Sobre el rol de la justicia, Agrelo fue claro: “La justicia ordena la internación involuntaria, pero no hay dispositivos. La asesora letrada me decía ‘modifiquen esa ley, nos tienen con las manos atadas’”.

Finalmente, se refirió a la situación en torno al incendio en la obra social APROSS: “Hay que prevenir cualquier conflicto de intereses. Presentamos un proyecto para que se haga un inventario de daños y una pericia independiente. Los 600 mil afiliados tienen derecho a saber qué pasó”.

Con un tono urgente y crítico, Agrelo cerró la entrevista con una frase contundente: “Hay chicos que se están muriendo en la calle porque la política no toma las decisiones correctas”.


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