El exdiputado nacional Jorge Rivas, titular de Unidad Socialista, presentó una denuncia ante la Oficina Anticorrupción contra el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, por presunta incompatibilidad de funciones y conflicto de intereses tras su designación en un consejo asesor del Fondo Monetario Internacional.  

El abogado Jorge Rivas solicitó que se investigue si Sturzenegger violó la Ley de Ética en la Función Pública al aceptar un puesto en el Consejo Asesor sobre Emprendimiento y Crecimiento del FMI mientras ejercía como funcionario del Gobierno argentino.  

En diálogo con DE UNA, Rivas fue consultado sobre el tema.

¿Violó Sturzenegger la Ley de Ética en la función pública?
Sin lugar a dudas violó la Ley de Ética pública porque la misma prohíbe expresamente que un funcionario ocupe cargos que generen conflicto de intereses o comprometan su imparcialidad.
Federico Sturzenegger, como ministro de Milei, no puede simultáneamente asesorar al FMI, un organismo con el que Argentina negocia acuerdos económicos clave.
Es una violación flagrante de la norma y por eso exigimos que la Oficina Anticorrupción investigue si hubo un dictamen previo, como establece la ley, o si Sturzenegger actuó por su propia cuenta y riesgo.

¿Esperan que el gobierno de Milei se pronuncie ante la denuncia?
Más que expectativas, hay una obligación legal de contestar. El silencio del gobierno lo convierte en cómplices. Sturzenegger, no sólo acumula roles incompatibles, sino que tiene un historial de políticas que hundieron al país en un infierno. Es un auténtico sátrapa que le ha hecho mucho daño a la nación y no puede seguir alegremente haciendo desastres monumentales con total impunidad.

¿Qué establece la ley 25188?
La ley 25.188 es la Ley de Ética pública que regula los deberes y prohibiciones de los funcionarios para garantizar transparencia. En su artículo 16, prohíbe ejercer cargos o empleos en entidades públicas o privadas que puedan generar conflicto de intereses con su función estatal. Además, exige que la Oficina Anticorrupción emita dictámenes previos sobre compatibilidad. Si se confirma que no pidió dictamen previo, Sturzenegger debe renunciar a uno de los cargos y enfrentar las sanciones correspondientes. No hay neutralidad posible por parte del gobierno o se cumple la ley o se avala la corrupción.

DE UNA