El 20 de septiembre de 2024, un grupo de jubilados de Río Cuarto presentó una nota al Concejo Deliberante solicitando que los concejales se pronunciaran sobre varios reclamos que afectaban a este sector vulnerable. El principal tema fue la precarización de las jubilaciones, tanto a nivel nacional como provincial.

Guillermo Ashworth, representante del grupo de jubilados, destacó la importancia de esta resolución: “A pesar de que algunas cuestiones, como el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, ya fueron despojadas por el Gobierno de turno, esta resolución es un paso positivo. Reconoció la situación de desamparo que atraviesan los jubilados, sobre todo en medio de una política nacional que los desprotege”.

El reclamo inicial también incluyó cuestiones como el recorte en medicamentos gratuitos y el maltrato hacia los jubilados, situación que, según Ashworth, se agudizó a raíz de las políticas implementadas por el Gobierno nacional. “La eliminación de medicamentos gratuitos es una de las grandes pérdidas que hemos sufrido. A esto se suman los incrementos de precios que hacen que nuestras pensiones no alcancen ni para lo más básico”, agregó Ashworth.

La aprobación de la resolución, que se dio finalmente el 20 de marzo de 2025, estuvo marcada por un debate acalorado en el recinto. Según Ashworth, algunos concejales adoptaron posturas que consideraron poco sensibles ante las necesidades del sector. “Nos sorprendieron las declaraciones de algunos concejales, como el caso de Lamberghini, que comparaba la situación de los jubilados con la de los niños que pasan hambre. Es una comparación impresentable. Nadie debería pasar hambre, y lo que se reclama son condiciones dignas para vivir”, sostuvo.

Marta Maezo, otra de las activistas involucradas en el reclamo, también fue contundente en su crítica hacia ciertos posicionamientos. “No es justo que se minimicen los problemas de los jubilados. En este Gobierno hay un desinterés por las personas mayores y eso se refleja en sus políticas. Los aumentos salariales no alcanzan, los medicamentos se encarecen y la asistencia sanitaria está en crisis”, expresó.

Sin embargo, también hubo voces que respaldaron los reclamos. La concejala Milagros Obregón Cano y su colega Marisa Caridi fueron de las que apoyaron la iniciativa. “Es fundamental que se tomen en cuenta los derechos de los jubilados. Esta resolución no solo es un reconocimiento de la situación, sino un llamado a la acción para que los gobiernos tomen medidas urgentes”, opinó Obregón Cano.

Finalmente, un concejal hizo una intervención que fue apreciada por Ashworth. “El concejal Vasconcelo ofreció al concejal Lamberghini el recibo de haberes de su padre jubilado, quien no alcanza a pagar los medicamentos de Parkinson. Esa fue una de las intervenciones más humanas y sinceras”, destacó.

La resolución aprobada reflejó la preocupación del cuerpo legislativo local por la situación de los jubilados, instando a los gobiernos provincial y nacional a adoptar políticas salariales más dignas, a mejorar los servicios de salud y a garantizar una mayor cobertura de medicamentos. En palabras de Ashworth, “Es un paso positivo, pero hay mucho más por hacer. La lucha por una jubilación digna sigue”.

La resolución, aunque llegó tarde para algunos de los reclamos iniciales, muestra un importante respaldo a los derechos de los jubilados y a la necesidad urgente de políticas que aseguren su bienestar. A pesar de los desacuerdos internos, la medida obtuvo el apoyo unánime de la mayoría de los concejales presentes.
 
 
 
 
 
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