La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) presentó una denuncia penal contra el ministro de Salud, Mario Lugones; el Superintendente de Servicios de la Salud, Gabriel Oriolo; y el interventor de la obra social OSPRERA, Marcelo Petroni, por «abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, administración fraudulenta y abandono de persona seguido de muerte». 

Garavento, de 58 años, había sido diagnosticado con cáncer de colon en 2020 y, tras una cirugía y un tratamiento de quimioterapia, logró estabilizar su cuadro. Sin embargo, en 2023 los médicos detectaron una recaída y le prescribieron reiniciar el tratamiento, el cual fue retomado en mayo de 2024 con aplicaciones quincenales provistas por la entonces gestión de OSPRERA.

La situación cambió en octubre de 2024 cuando el Gobierno intervino la obra social, designando a Petroni como interventor mediante decreto presidencial. Según denuncia UATRE, en enero de 2025, la nueva conducción suspendió sin previo aviso ni justificación el suministro de la medicación de Garavento, interrumpiendo su tratamiento. A pesar de múltiples reclamos del paciente y su familia, así como una carta documento enviada por el gremio el 22 de enero, no se tomó ninguna medida para garantizar la continuidad del tratamiento. Finalmente, Garavento falleció el 26 de febrero en el Hospital Ramón Castillo de Saladillo.

«Que la cara de José sea representación de muchos y que no haya más gente como él, que con 58 años y tantos sueños por cumplir, le fueron negados por la obra social«, expresó su viuda, Isolina Margarita Lafferrairie. «Que sus fotos recorran las redes, que los que debieron hacer su trabajo y no lo hicieron sientan un poquito de lo que estamos pasando nosotros», agregó.

En la denuncia penal, UATRE subraya que Petroni «sabía que el afiliado se encontraba en riesgo, había sido notificado fehacientemente el 22 de enero de 2025 y tenía el deber de garantizar las prestaciones médicas prescriptas, pero no hizo nada». Además, se acusa a Lugones y Oriolo de ser coautores de los delitos de «abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público», y partícipes necesarios de «administración fraudulenta».

El caso de Garavento no sería un hecho aislado. Según UATRE, cientos de trabajadores rurales estarían sufriendo la suspensión de sus tratamientos debido a la intervención de OSPRERA. La denuncia señala que entre los afectados se encuentran pacientes con cáncer, VIH y hemofilia, quienes se encuentran en riesgo por la falta de cobertura médica.

El Secretario General de UATRE, José Voytenco, viene impulsando acciones legales y reclamos formales para que la intervención y el Gobierno brinden respuestas ante la crisis que afecta a miles de afiliados de la obra social.

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