Podrían tener representación con derecho a voto en el Congreso, pero también acceder a cosas menores como mayor consumo de bienes: buena parte del e-commerce no hace envíos a Puerto Rico. Los ciudadanos de la isla que actualmente es un estado libre asociado a los Estados Unidos, pero no la estrella 51 de su bandera, votaron en noviembre a favor de la anexión completa del territorio al país, como estado. Y aunque ya lo habían hecho muchas veces sin resultado —en 1967, 1993, 1998, 2012 y 2017—, la actual coyuntura política podría beneficiarlos, confía el nuevo gobernador Pedro Pierluisi.

Mucho cambiaría si la isla ganada en la guerra de 1898 contra España —junto con Cuba, las Filipinas y las Islas Marianas— siguiera la suerte de otros territorios que se incorporaron plenamente a los Estados Unidos durante el siglo XX: Oklahoma (1907), Nuevo México (1912), Arizona (1912), Alaska (1959) y Hawai (1959).

A pesar de su proximidad geográfica y su imbricación cultural, hoy este estado no incorporado tiene una situación como la de Guam, las Islas Vírgenes Estadounidenses o las Islas Marianas del Norte: sus habitantes son ciudadanos —en el caso de los puertorriqueños, desde 1917, por las necesidades de la Primera Guerra Mundial, a la que Estados Unidos se sumó ese año— y pagan impuestos federales para la seguridad social y la atención médica de ancianos y discapacitados, pero no pueden votar por la presidencia del país, no tienen representantes en el Senado y los que hablan en su nombre en la Cámara de Representantes no tienen derecho a voto. Sus derechos constitucionales están limitados, es decir que no son ciudadanos plenos.

George Laws Garcia, director ejecutivo del Consejo de la Estadidad de Puerto Rico (PRSC), una organización pro incorporación, argumentó ante The Guardian: “Hay un montón de tipos a los que nadie eligió tomando decisiones en nombre del pueblo de Puerto Rico y por encima de los deseos, las ideas y las perspectivas de los funcionarios locales votados, lo cual creo que es básicamente un colonialismo flagrante”.

Eso, agregó, tiene consecuencias: por ejemplo cuando suceden fenómenos naturales como el Huracán María o los temblores, o en el caso de la pandemia de COVID-19, la isla necesita “recursos federales, apoyo federal, acción federal y no tenemos la capacidad de obligar al cumplimiento a los funcionarios de Washington DC porque ellos no reciben votos de Puerto Rico, y eso incluye al presidente”.

El hecho de que Joe Biden, el nuevo presidente, haya hablado del problema durante su campaña —dijo que ayudaría a que los residentes de la isla se sumaran a programas de salud, asistencia alimentaria y créditos fiscales que son para ciudadanos pero no para ellos— es una señal positiva para el 52% de los votantes puertorriqueños que se manifestaron a favor de la incorporación como estado.

También lo es que el Senado esté en manos de los demócratas, ya que el republicano Mitch McConnell es un histórico opositor a esa medida; sin embargo, varios de sus colegas del mismo partido, como Rick Scott y Marco Rubio, ambos senadores de la Florida, la apoyan. Además, la plataforma nacional del Partido Republicano favorece la estadidad del territorio no incorporado.

Tanto el gobernador Pierluisi como la actual Comisionada Residente de Puerto Rico en la Cámara de Representantes, Jenniffer González-Colón, confían en que obtendrán apoyo bipartidario para una medida de incorporación como estado que se pueda aprobar en 2021; “luego la pelota quedará del lado del Senado, donde se dará una lucha más dura”, dijo Pierluisi.

“Hay republicanos y demócratas que apoyan a Puerto Rico para que se convierta en un estado, así que sí, realmente creo que este es el momento de hacer que eso ocurra”, agregó la comisionada González. “Es hora de que el Congreso nos escuche y permita a la gente de la isla obtener su ciudadanía estadounidense plena”.

De cómo el asalto al Capitolio llegó hasta San Juan

Curiosamente la conversación sobre el estatus de Puerto Rico, que ha sido el tema central en la isla desde los cincuenta, se reavivó luego de que los fanáticos de Donald Trump asaltaran el Capitolio el 6 de enero. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, se quejó entonces: “Si el Distrito de Columbia pudiera operar como un estado, cualquier gobernador podría haber llamado a la Guardia Nacional sin obtener primero permiso del gobierno federal”.

Al igual que Puerto Rico, el Distrito de Columbia, que alberga la capital de Washington DC, tiene una ciudadanía con derechos limitados y grupos que también buscan su incorporación como estado 51.

Poco después del ataque de los trumpistas, Eleanor Holmes Norton, la representante del DC, que como la comisionada González no tiene derecho a voto, volvió a presentar en la cámara un proyecto de ley de incorporación del distrito como estado, con el aval de un proyecto paralelo en el Senado, que ingresó a su vez Tom Carper, de Delaware, con otros 39 co-firmantes demócratas. Desde entonces, la cuestión de Puerto Rico cobró más actualidad cada día.

No es la primera vez que el debate político une los casos. Ambos territorios son más poblados que estados como Vermont y Wyoming —con 3.670.000 habitantes Puerto Rico y 715.000 el DC—, pero quedan a merced de peleas políticas que se les ahorran a aquellos que tienen representación. De manera similar son lugares en los que las personas blancas no son mayoría: casi todos los residentes de la isla son hispanos y casi la mitad de los que viven en Washington DC son afroamericanos.

Si bien los columbianos pueden votar en las elecciones presidenciales desde 1961, aspiran a tener derechos plenos porque, entre otras cosas, pagan más en impuestos federales por ingresos que los habitantes de al menos 22 estados del país. Para los puertorriqueños, la urgencia se acumuló desde que en 2015 el territorio no incorporado cayera parcialmente en default, atravesara una crisis financiera y luego recibiera los castigos naturales del Huracán María y una extraña serie de terremotos.

Los “casos insulares”

Además del colonialismo español, la historia de Puerto Rico quedó marcada por lo que se llaman los “casos insulares”, una serie de decisiones de la Corte Suprema tomadas en casos presentados en la bisagra entre el siglo XIX y el XX sobre los nuevos territorios estadounidenses y la condición de sus habitantes. El tribunal máximo estaba conformado por los mismos jueces que dictaron sentencia en el caso Plessy versus Ferguson, en 1896, con el cual se inició legalmente la segregación.

Más conocido por una línea que curiosamente no está en el fallo, “separados pero iguales”, el Plessy versus Ferguson terminó con la determinación de que no era inconstitucional que los trenes tuvieran vagones para blancos y vagones para afroamericanos siempre que los vagones fueran iguales. A lo largo de los años Jim Crow, la separación se extendió hasta los últimos rincones de la vida social, desde las escuelas hasta los tableros de ajedrez en las plazas, desde los bebederos hasta los hospitales.

En el caso de los “casos insulares” se analizó que la mayoría de los nuevos territorios estadounidenses habitados por “razas foráneas” eran ingobernables bajo “los principios anglosajones” y por ende se establecerían diferencias entre el conjunto de derechos que podían gozar los residentes de los estados “incorporados” y de los “no incorporados”. La pregunta legal era si la Constitución seguía a la bandera, y la respuesta fue que no.

Desde entonces, los derechos constitucionales no se extendieron automáticamente a todos los territorios estadounidenses. Se convirtió en necesario que el Congreso incorporase a un lugar como parte integrante del país para que sus ciudadanos accedieran a la protección plena de la Constitución.

¿La estrella número 51 de la bandera?

El gobernador Pierluisi es dirigente del Partido Nuevo Progresista (PNP), cuyo leitmotiv es la incorporación de Puerto Rico a los Estados Unidos. Al asumir en enero dijo que exigiría la anexión plena: “Hay una falta de derechos por el estatus que tenemos”, dijo en su discurso. “La estadidad es justa, por lo que vamos a exigirla y lograrla. El pueblo hizo un reclamo”, aludió al plebiscito.

The Hill contó que la comisionada González trabaja junto con Darren Soto, el primer congresista puertorriqueño electo por la Florida, quien ha presentado proyectos relacionados a la isla desde 2017. A ellos se sumó Rubén Gallego, de Arizona, quien participa con Soto en el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, que tiene jurisdicción sobre Puerto Rico.

En septiembre de 2020 Soto presentó una resolución bipartidista para respaldar el plebiscito, en la que se solicitaba que el Congreso tomara medidas en 2021. Cuando la mayoría de los puertorriqueños votaron a favor de la incorporación, dos meses más tarde, Soto declaró: “Ha llegado el momento de admitir finalmente el estado 51 de nuestra unión. Por tercera vez en la historia, los estadounidenses en Puerto Rico han llegado a un claro consenso: su destino está en la estadidad. Ahora debemos otorgar tanto a Puerto Rico como al Distrito de Columbia representación de voto total y trato igual como estados. El momento de actuar es ahora”.



 

Con información de Infobae