Pese al escándalo que hace once años causó Norberto Oyarbide cuando en tiempo récord -y teniendo como insumo el informe del propio contador de la familia Kirchner- cerró la investigación por enriquecimiento ilícito sobre Néstor y Cristina, y el reflejo de aquella controversia en 2018, cuando el exjuez admitió presiones para firmar aquel fallo y el contador Manzanares confesó cómo arregló con la ex SIDE y el mismo juez un dibujo para tratar de justificar los bienes del matrimonio, ahora la jueza María Eugenia Capuchetti decidió no reabrir esa causa.

En base "a las recientes presentaciones realizadas por la Unidad de Investigación Financiera (UIF) y el Ministerio Público Fiscal en las que afirman que no existen elementos que permitan conmover las sólidas bases sobre las cuales se asienta la cosa juzgada de aquella resolución", explica Capuchetti en su sentencia, "no existe impulso que permita el resurgimiento de la acción penal tal como originalmente se había requerido".

Igual que en 2009, cuando no apeló el sobreseimiento de Oyarbide y luego se supo que uno de sus hijos estuvo secuestrado unas horas, el fiscal que ahora desistió de requerir la anulación del sobreseimiento es Eduardo Taiano.

"Además, se ha podido establecer que se encuentra siendo juzgada en otros procesos en los que se la acusa -entre otras cuestiones- de supuestos lucros indebidos desde el 8 de mayo de 2003 hasta el 14 de diciembre de 2015, es decir un período temporal que claramente abarca lo aquí denunciado", se justifica la sucesora de Oyarbide en el juzgado federal porteño 5.

"La lucha contra los diversos tipos de criminalidad no debe darse sacrificando principios jurídicos básicos; aún en casos como el presente, en donde desde sectores de la opinión pública se intenta persuadir a la justicia a dirigir sus decisiones en un determinado sentido sin que se lleve a cabo un análisis jurídico crítico del caso o, incluso, dejando situaciones procesales inconclusas por largos períodos de tiempo en detrimento de los imputados", continúa la resolución de la magistrada, que se negó a anular el fallo de su antecesor bajo el concepto de "cosa juzgada fraudulenta" o "írrita".

"En la sana lucha contra la corrupción y la deseable persecución de los delitos contra la administración pública no es admisible que aquellos principios se perviertan desviándose en un recurso lesivo a la democracia, mediante el sometimiento a una indefinida situación procesal a personas políticamente activas, con el resultado de excluirlas de la lucha política democrática", señala Capuchetti en otro tramo, con un curioso guiño a la excusa del K del lawfare.

La jueza también hilvana otros datos para justificar su decisión. Advierte que la Oficina Anticorrupción "nunca solicitó ser tenida por parte querellante" en este caso; recuerda que, cuando en el caso Cuadernos se conoció la confesión de Manzanares, hubo una denuncia en el juzgado de Claudio Bonadio que fue desestimada por "los escasos e imprecisos elementos brindados", y que otra similar, formulada por el exfiscal Manuel Garrido, también fue desestimada por "inexistencia de delito", tras un pedido del fiscal Franco Picardi.

Capuchetti también recuerda que, tras la extracción de testimonio en el juzgado de Bonadio luego de la confesión de Manzanares y la investigación respecto a si el juez Oyarbide y el operador judicial Javier Fernández habían cometido algún delito, el 30 de diciembre pasado el juez Marcelo Martínez de Giorgi "sobreseyó a ambos imputados por no encuadrar los sucesos investigados en una figura legal".

A la lista de supuestos antecedentes entre los cuales la jueza busca esconder su decisión de este viernes, se suma la respuesta del Consejo de la Magistratura -con mayoría kirchnerista- respecto de las múltiples denuncias contra Oyarbide por su controvertida sentencia en favor de los Kirhcner.

Capuchetti recuerda que, el 8 de julio de 2010, el Consejo cerró esas denuncias porque "no se observó irregularidad en la actuación del magistrado" y "no era cuestionable que haya resuelto la causa judicial en cinco meses, ya que la sentencia no fue prematura dado que no quedan medidas de prueba pendientes”.

Fuente: Clarín