Justo cuando empieza a recalentarse el debate sobre qué debería hacer el Gobierno el día después de la cuarentena por el coronavirus , Alberto Fernández recibió en su despacho de la residencia de Olivos un programa destinado a generar trabajo y mejorar la calidad de vida de los sectores más pobres de la sociedad. La propuesta, bautizada "Plan General San Martín", la presentó el dirigente social Juan Grabois , que lo caracterizó como " un plan Marshall criollo ".
Los objetivos centrales del programa, que el Presidente se comprometió a estudiar a fondo, son crear cuatro millones de puestos de trabajo, generar una redistribución poblacional, mejorar la infraestructura de los barrios populares y entregar tierras a los pequeños agricultores. Los detalles del plan, que requeriría de una inversión de $750.000 millones anuales , a lo largo de cuatro años, figuran en un documento que el líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) le entregó a Fernández, en un extenso encuentro que tuvieron en Olivos, el 12 de mayo.

El plan propone que el Estado descentralice la ejecución de pequeñas obras y desarrollo productivos en movimientos sociales, iglesias, organizaciones de la sociedad civil y municipios, en línea con programas de formación de cooperativas, como los planes Argentina Trabaja, Hacemos Futuro o Manos a la Obra. Para financiarlo, se propone usar el ahorro que pueda generarse por la renegociación de la deuda externa, o reforzar el impuesto a las ganancias y echar mano a lo que se recaude con un eventual "aporte extraordinario a la riqueza". Un tercio de lo invertido, se calcula en la propuesta, regresará al Estado por efecto de la reactivación económica en la franja más pobre de la sociedad.
En la primera parte del documento, de 23 páginas, se ubica la propuesta en el contexto de la "grave situación socioeconómica" derivada de la pandemia y se reivindica, como sostén del programa, dos artículos de la Constitución de 1949, sancionada durante el primer gobierno peronista, que garantizaban el derecho al "trabajo digno" y a favorecían la posibilidad de que "cada labriego o familia labriega" se convierta "en propietario de la tierra que cultiva".
Ante una consulta de LA NACIÓN , Grabois confirmó los términos del plan y precisó que lo elaboraron "los movimientos populares y un grupo importante de profesionales, técnicos y científicos". Detalló que, además de hablarlo con el Presidente, lo conversó con otros actores políticos y sociales. "Lo he conversado con sectores de la oposición, del mundo gremial y en general hay coincidencias. También tenemos charlas con el sector privado e incluso inversores extranjeros", dijo, y agregó: "De esto salimos con tierra, techo y trabajo, o el futuro va a ser muy difícil". No quiso detallar si también había hablado del tema con su amigo, el papa Francisco.

El programa consiste en la creación de un fondo fiduciario, bautizado "Fondo Mugica", para el desarrollo de 4000 "módulos productivos" en todo el país. Se trata de pequeñas obras o desarrollos productivos, vinculados a la economía popular, la integración urbana, la agricultura familiar, la atención de adicciones, el fomento de medios comunitarios, el cuidado del medio ambiente, la promoción de la cultura y el deporte, y el acceso a la Justicia.
Esas tareas serían desarrolladas por "consorcios de cogestión comunitaria", encabezados por movimientos sociales, iglesias, municipios, sindicatos y otras entidades, se detalla en el plan. Cada organización quedaría a cargo del desarrollo de uno o varios "módulos", con un presupuesto promedio de $50 millones.
El rol de la Anses
El trabajo sería desarrollado por titulares de un salario social complementario, con un sueldo de $10.000 y una contraprestación de 60 horas mensuales "certificadas"; es decir, 15 horas por semana. Se contempla, en ese sentido, la unificación de todos los planes sociales nacionales y la absorción del programa Salario Social Complementario, de la Tarjeta Alimentar y de Hacemos Futuro. La Anses se encargaría se inscribir a los trabajadores y liquidar los pagos mensuales, de manera directa y bancarizada, pero solo si el consorcio de cogestión comunitaria emite un certificado de trabajo. "Hay instancias de apelación y los trabajadores pueden cambiar de consorcios", respondió Grabois.
"Hay que repoblar el territorio para no vivir hacinados, revitalizar territorial y productivamente los pequeños pueblos, urbanizar los barrios populares, generar trabajo cooperativo, darle una lógica colectiva e integral a la economía popular. Se requiere una planificación seria, de al menos a 4 años. Hay que pensar con una perspectiva grande y creativa, no la mera administración de lo existente", dijo el dirigente.

Por: Gabriel Sued /La Nación