La Justicia avaló este martes la aplicación del protocolo para el uso de armas de fuego por parte de los efectivos de las fuerzas federales de seguridad, al rechazar una medida cautelar contra la Resolución 956/2018 de la cartera encabezada por Patricia Bullrich, publicada en el Boletín Oficial en diciembre del año pasado.

Así lo dispuso el juez Contencioso Administrativo Federal número 10, Esteban Furnari, quien de esta manera rechazó un pedido de amparo colectivo presentado por la diputada nacional Victoria Donda y otros legisladores de la oposición a principios de año, a raíz del nuevo reglamento para el uso de armas de fuego.

La nueva reglamentación avala a los policías, entre otras cuestiones, a disparar a sospechosos de delitos aún cuando posean réplicas de armas, huyan tras cometer un delito o cuando se presuma una alta probabilidad de que puedan provocar graves daños a personas sin estar armados.

Esta normativa ya había recibido otro respaldo judicial a fines de marzo pasado, cuando la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires dispuso la anulación de un fallo de primera instancia que había declarado la inconstitucionalidad y la inaplicabilidad del nuevo protocolo en el ámbito porteño.

En ese caso, se trataba de una causa iniciada por la diputada nacional Myriam Bregman y la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), que impugnaba la validez de la Resolución 956/2018 del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Previo a ese fallo de segunda instancia, en enero pasado, un mes después de publicada la norma en el Boletín Oficial, el juez federal de Junín, Héctor Pedro Plou, había rechazado un amparo motorizado por una ONG denominada Linqueños por los Derechos Humanos, que también había objetado la nueva normativa dictada para el uso de armas de fuego.

Ahora, en una resolución adoptada hoy, el juez Furnari entendió que "la sumarísima vía escogida y la inminencia de su decisión, descartan la existencia de perjuicio irreparable que torne ilusoria la futura sentencia", y sostuvo que, "por tratarse de medidas como las que aquí se pretende excepcionales por su naturaleza, hace a su desestimación sin examinar la reunión de los demás recaudos necesarios para su otorgamiento".

El amparo colectivo contra el nuevo reglamento para el uso de armas de fuego había sido presentado, además de Victoria Donda, por sus pares Leonardo Grosso, Silvia Home, Lucila De Ponti, Araceli Ferreyra y Daniel Arroyo, todos ellos invocando su condición de diputados nacionales.

Esos legisladores habían pedido que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 1, 2, 3 y 5 del Reglamento General para el Empleo de las Armas de Fuego por parte de los Miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad.