El marco legal de la gestación subrogada en Canadá es citado con frecuencia en distintos países por un elemento específico: su carácter altruista. La Ley canadiense sobre la protección asistida, vigente desde marzo de 2004, estipula que está prohibido el pago de un salario a la madre portadora (quien debe tener 21 años de edad como mínimo), así como la intermediación y la publicidad con fines de lucro. Los culpables se exponen a una pena máxima de diez años de prisión y una multa de 500.000 dólares canadienses (unos 325.000 euros). Sin embargo, el modelo canadiense está afrontando un cambio de envergadura.

El pasado 26 de octubre, el Ministerio de Salud de Canadá presentó un reglamento para clarificar los gastos que las madres portadoras pueden solicitar como reembolso. Pese a que la remuneración está prohibida en el país, la ley indica que las mujeres que se ofrecen como voluntarias para esta práctica pueden pedir que ciertas cantidades les sean devueltas. La reglamentación hace referencia a “gastos aceptables”, pero no precisa bajo qué conceptos específicos, por lo que cada caso era distinto de acuerdo con el contrato firmado entre las partes.

El nuevo reglamento propone, entre otros puntos, que la madre portadora pueda gozar del reembolso por gastos de transporte, jurídicos, por ropa de maternidad y de pagos a aseguradoras. Asimismo, puede solicitar que le sea cubierto un monto de su salario que haya dejado de percibir por asuntos vinculados con el embarazo. Para estos efectos, debe presentar las facturas, los comprobantes de paga laboral y el informe de un médico. La nueva reglamentación de estos reembolsos entrará en vigor una vez que se hagan ajustes tras un periodo de consultas públicas que concluyó ayer, 10 de enero.

Precisar qué tipo de gastos pueden ser devueltos ha sido un asunto solicitado por distintos actores políticos y sociales desde hace algunos años. No obstante, permitir que las madres portadoras reciban un monto económico por llevar a cabo esta práctica y autorizar la compra y venta de esperma y óvulos (algo que también prohíbe la ley), tal y como está autorizado en otros países, ha generado una serie de opiniones discordantes. Justin Trudeau, primer ministro canadiense, abordó el tema en Ottawa en abril pasado. “Es una reflexión que debemos tener como sociedad. Es un tema que sin duda generará grandes emociones y opiniones fuertes y, como Gobierno, respetaremos, escucharemos y trataremos de encontrar la mejor manera de avanzar”, comentó.

El 29 de mayo, el diputado Anthony Housefather propuso ante el Parlamento una modificación a la Ley canadiense sobre la protección asistida para despenalizar estas prácticas. Housefather pertenece a los liberales de Trudeau, aunque no tiene responsabilidades ministeriales. El día en que sugirió la modificación, Housefather dijo en rueda de prensa que la ley en vigor se apoya en observaciones realizadas en los años ochenta, por lo que no refleja los cambios experimentados por la sociedad. “La gente no tendría que ir a la cárcel por pagarle a una madre portadora”, declaró. A su vez, el diputado expresó que no tendría que haber problemas si una mujer decide participar en esta práctica con fines económicos. “Debería tener el derecho de tomar su propia decisión”, añadió. Asimismo, al referirse a la venta de óvulos, manifestó que no hay que caer en el error de establecer una comparación con riñones u otros órganos, dado el número de gametos que tiene una mujer a lo largo de su vida.

Cabe destacar que la iniciativa de Housefather ha provocado distintas reacciones; incluso dentro de su partido. La diputada Carolyn Bennett manifestó su apoyo. Marie-Claude Bibeau, ministra de desarrollo internacional, dijo que deberá reflexionar sobre este asunto antes de tomar una decisión. Por su parte, Patty Hajdu, ministra de trabajo, sostuvo que se inquieta de los riesgos para las personas con dificultades económicas. Los diputados de otros partidos también han mostrado opiniones variopintas. De acuerdo con algunos analistas, la votación en el Parlamento va a obedecer a posiciones individuales y no a líneas partidistas, tal y como ocurre frecuentemente en este tipo de temas en Canadá.

La asociación Por los Derechos de las Mujeres de Quebec, ha hecho público su posicionamiento sobre la iniciativa de Housefather. En un comunicado, el organismo ha manifestado que un embarazo “patrocinado” no debe ser trivializado al hacer mención de las libertades sobre los cuerpos de las mujeres. “No podemos tolerar ningún discurso o práctica que considere a las mujeres como incubadoras diseñadas para asegurar la descendencia de los privilegiados”, destaca el documento. El Consejo de la Condición de la Mujer defiende una postura similar, al evocar una mercantilización de los cuerpos.

Isabel Côté es profesora en la Universidad de Quebec en Outaouais y estudia el tema de la gestación subrogada desde hace varios años. Côté comenta a este diario: “El debate sobre la mercantilización de los cuerpos de las mujeres se basa en la premisa de que las mujeres portadoras son necesariamente pobres y están motivadas por el dinero, mientras que las parejas que recurren a este servicio buscan tener a un bebé como si se adquiriese un producto de lujo a cualquier precio. Sin embargo, la realidad tiene muchos matices”.

Entre otros puntos, Côté hace referencia a un estudio llevado a cabo por Kévin Lavoie, un alumno de doctorado bajo su supervisión, que analizó datos y testimonios tanto de madres portadoras como de parejas o personas solteras que recurren a esta práctica. Lavoie detectó que el ingreso promedio entre todos estos actores presenta diferencias; esto se explica por la profesión ejercida y por los años en el mercado laboral (las mujeres portadoras son más jóvenes), pero no son significativas. “Las investigaciones muestran también que las motivaciones para ofrecer este servicio no son pecuniarias, sino que están vinculadas con el deseo de ayudar a una pareja o persona a realizar el sueño de tener un hijo o con el hecho de disfrutar del embarazo. Dicho esto, pese a que el dinero no sea la motivación principal, no es un asunto oculto, ya que algunas personas lo ven como una compensación por riesgos inherentes al embarazo”, cuenta Côté.

A raíz de la iniciativa de Anthony Housefather, algunas voces políticas han expresado que con ello se lograría una “normalización” de esta práctica fuera de motivos altruistas, debido a que, según ellos, ya varios canadienses recurren a ella dentro y fuera del país. No obstante, Estadísticas Canadá -la agencia federal que recopila datos oficiales- no cuenta con registros al respecto. Isabel Côté comenta sobre este punto que, hasta donde está informada, solo el estudio de Kévin Lavoie ha abordado el contexto canadiense.

No existe hasta el momento una fecha estipulada para que la iniciativa de Housefather pase a votación y, en caso de obtener el apoyo necesario en el Parlamento, sea enviada al Senado. El primer ministro Trudeau ya lo ha precisado: es un tema sensible que generará grandes emociones. Es posible que los liberales muevan ficha en los próximos meses para buscar que la ley se modifique. Aunque varios analistas mencionan –opinión que comparte Côté- que los votos de los diputados no llegarán antes de las elecciones federales programadas para el mes de octubre. Por lo tanto, habrá que esperar para saber si el altruismo dejará de ser la única motivación permitida en Canadá para la gestación subrogada.

El País