La extesorera del PRO, María Fernanda Inza, fue imputada por el juez federal de la Plata, Ernesto Kreplak, en una de la investigaciones por los aportantes truchos de las campañas de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires.

Junto con la mujer de confianza de María Eugenia Vidal, también se imputó al secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Pablo Clusellas.  

Los magistrados involucrados en el caso aseguraron que los aportes truchos en las campañas electorales podrían conllevar a posibles delitos penales. Sin embargo, Inza y Clusellas plantean que se trata de meros delitos electorales, de consecuencias leves para el oficialismo.

En estos momentos, la decisión recae sobre la Cámara Federal, desde donde se deberá decidir si
apoyan lo expuesto por el juez Kreplak y la fiscal Ana Russo o si concuerdan con el planteo de Cambiemos y de Inza.

Por otro lado, el juez Sebatián Casanello investiga la misma maniobra, apuntando también a la responsabilidad de funcionarios del Gobierno, ya que los nombres de los aportantes truchos pertenecen a beneficiarios de tres planes sociales. A raíz de esto, sospecha que las identidades podrían haberse sustraído de las bases de datos de los organismos oficiales.

Con anterioridad, la propia Inza había pedido ser incluida dentro del expediente, para así poder apelar los fallos del magistrado. De esta forma, sería la primera vez que una exfuncionaria se identifica como sospechosa de la maniobra de utilizar las identidades de centenares de ciudadanos para blanquear aportes de la campaña 2017. Un hecho similar se investiga en la campaña presidencial de Mauricio Macri y en la legislativa de la Ciudad de Buenos Aires.