El próximo paso que tomará será el de la revisión absoluta de los precintos electrónicos utilizados para monitorear tránsitos y traslados entre aduanas, los primeros, y entre puertos y depósitos fiscales los segundos.

Durante su gestión, Echegaray dispuso acelerar la implementación de los precintos electrónicos de monitoreo aduanero (PEMA). Dispuso por la resolución 2889/10 la obligatoriedad de instalarlos e informó un cronograma por rutas.

Si bien aparecen cinco prestadores de los PEMA, el mercado sabe que son sólo dos diferenciados los dueños: Saetech (propiedad de Miguel Pascucci, histórico presidente de la Cámara de Depósitos Fiscales), y RSI Group, de uno de los amigos del sur de Ricardo Echegaray: Sergio González (quien también sería dueño de las otras tres prestadoras). En la distribución, Saetech se quedó con las rutas entre puertos y depósitos fiscales, mientras que RSI tiene todos los demás tránsitos en el país. Pero apareció una nueva empresa, Dixtra, que "distribuía" las operaciones entre Saetech y RSI, un intermediario que cobraba el 25%. Luego desapareció.

Las tarifas, por precinto, podían oscilar entre 60 y 70 dólares. Cuando Echegaray dispuso la división de la aduana metropolitana en dos, había recorridos de pocas cuadras que debían pagar por el servicio.

González no es el único amigo de Echegaray en el negocio. El otro es Jorge Lambiris, vinculado a varios depósitos fiscales, entre ellos, Carestiba, ubicado en el Mercado Central. Las auditorías recientes de la aduana en depósitos fiscales revelaron inconsistencias e irregularidades que terminaron por quitarles el permiso operativo. En sus investigaciones sobre "bagayeo" en los últimos años quedaron en la mira varios operadores: los depósitos fiscales Lo Primo II (de Miguel Pascucci) y Carestiba (Lambiris) y los prestatarios de servicios de precintos electrónicos Saetech (Pascucci) y RSI (González).

La Auditoría General de la Nación (AGN) revisó operaciones y actores entre 2012 y 2013, entre cuyas conclusiones se destaca que los datos extraídos de los precintos de RSI "no coincidían" ni con la base de datos de AFIP y "diferencias en el trayecto realizado y los puntos almacenados en el registro", entre otras observaciones.