La Organización Mundial del Comercio (OMC) falló en contra de la Argentina en una disputa iniciada por la Unión Europea, Estados Unidos y Japón por las trabas comerciales aplicadas por el país sudamericano. Estas tres naciones argumentaron que la Argentina no concedió licencias de forma automática a los importadores, según disponen las normas de la OMC, y esto le permitió proteger su "frágil economía", según consignó la agencia Reuters.
 
Un panel de la Organización compuesto por tres árbitros encontró que el país violó específicamente el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), suscrito en 1947 para reducir los aranceles aduaneros de forma sustancial, como así también las barreras comerciales. A su vez, el panel llamó al gobierno de Cristina Kirchner a retomar el respeto por las normas internacionales de comercio.
 
En declaraciones oficiales, la oficina del representante de comercio de los Estados Unidos aseguró que el fallo es una "gran victoria para los trabajadores norteamericanos, fabricantes y agricultores". Y agregó: "Las medidas proteccionistas de la Argentina impactan en un amplio segmento de las exportaciones de Estados Unidos, y afecta de forma potencial miles de millones de dólares de exportaciones que cada año generan trabajos de clase media y de calidad".
 
En febrero de 2012, el país comenzó a aplicar licencias de importación no automáticas y tan sólo dos meses después, la Argentina fue demandada por la Unión Europea, los Estados Unidos, Australia, Israel, Japón, Tailandia, Suiza, Noruega, Panamá, y Turquía y entre otros estados, que suman 43 en total.
 
Los demandantes consideraron que es "poco transparente" el manejo del comercio exterior que en su momento puso en marcha el ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, cuando reemplazó el régimen de licencias no automáticas por el de las declaraciones juradas anticipadas de importación (DJAI). Específicamente, los gobiernos critican que el gobierno argentino no informa los motivos por los cuales observa algunos formularios y demora su aprobación. Creen que el régimen es arbitrario y perjudica al comercio exterior porque muchos productos no pueden ingresar al mercado argentino.
 
El secretario de Comercio, Augusto Costa, ya adelantó que el Estado trabajará para revertir el pronunciamiento de la OMC. Pero no están previstos cambios en el esquema de administración del comercio. Muestra de ello es que en las últimas semanas aparecieron más quejas de importadores, que encuentran profundas trabas para ingresar determinados productos. Una de las políticas princiaples del Banco Central es el resguardo de los dólares para el pago de energía y deuda, en medio de una complicada situación externa para la Argentina por el conflicto con los tenedores de bonos de la deuda.
 
El máximo tribunal al que recurrirá la Argentina es muy activo, ya que dos de cada tres casos se apelan en la OMC. Está compuesto por siete miembros, aunque interinamente son seis, tras la jubilación del sudafricano David Unterhalter.
 
El panel de expertos publicó hoy el dictamen en contra de la Argentina y abrió una instancia para las apelaciones que se extenderá por 90 días. Una vez que Argentina recurra el fallo, la OMC tendrá un mes más para estudiar el caso y ratificarlo o cambiarlo, por lo que la sentencia final se conocerá recién hacia fines de 2014. Si Argentina pierde este recurso y mantiene sus restricciones comerciales, los demandantes pueden pedir a la OMC autorización para aplicar sanciones.
 
Con todo, hay dos escenarios posibles. Uno es que el fallo final solicite cambios en el sistema de DJAI o que directamente se elimine por completo. En el peor de los casos, el país contará con un año para adecuarse al requerimiento, por lo que será finalmente el próximo Gobierno que tendrá que abordar el tema en su agenda.